El 8 de marzo día internacional de la mujer (antes llamado día de la Mujer Trabajadora, luego de su institucionalización por la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, en 1975) se conmemora la lucha de la mujer, su participación y sus aportes a la vida económica, social, cultural y política.

Han pasado 112 años desde el asesinato de mujeres obreras en una fábrica textil en Nueva York, quienes exigían un trato justo y remuneración mediante una huelga pacífica. Tiempo que ha marcado la historia de resistencia ante las desigualdades que enfrentan las mujeres, muchas de ellas aplacadas por la violencia, la desigualdad, la discriminación y criminalización de sus luchas.

Han pasado 3 años de la inmolación de 56 niñas que se encontraban en resguardo del estado[1] para restituirle sus derechos, muchas de ellas a causa de violencia intrafamiliar, abuso sexual y trata de personas. 41 de ellas fueron quemadas vivas y 15 sobrevivieron del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a cargo de la Secretaria de Bienestar Social. En el año de dos mil diecinueve se reportaron 54,942 embarazos en adolescentes de 10 a 17 años producto de violación tal como lo estipula el marco legal vigente. Este es uno más de los hechos que vulneran los derechos de las mujeres y la niñez en Guatemala. Según datos del Grupo Guatemalteco de Mujeres, del año dos mil al año dos mil diecinueve se contabilizan 11,594 mujeres víctimas de violencia.

El reciente censo Nacional de Población y VII de Vivienda, 2018, presentó sus resultados el septiembre de dos mil diecinueve y refleja que el total de población censada son mujeres (7.6 millones) y el 48.47% son hombres (7.2 millones).donde los porcentajes de analfabetismo en mujeres mayas alcanzan el 62%, en garífunas el 61%, xincas 58% y mestizas 59%. Esto refleja la persistencia de estereotipos de género que legitiman la priorización de la educación en los hombres, y que relegan el derecho a la educación de las mujeres a un segundo plano. En la mayoría de los territorios mayas el Estado está ausente. La cobertura educativa sigue siendo una deuda histórica con estos pueblos, y en especial con las mujeres mayas, pobres y rurales. Así como la propiedad de la tierra, según datos del censo, del total de la población solo un 26% la mujer es propietaria de la tierra donde habita.

En el tema del acceso a la tierra y vivienda hacia las mujeres es otra arista de esta violencia sistemática. Según datos del Fondo de Tierras, en el período de 1998 a 2014, se han beneficiado con el acceso a la tierra a 2,225 mujeres (10.7%) y 18,438 (89.3%) hombres. El acceso a tierra por parte de mujeres solteras sigue siendo un tema pendiente. Las dificultades de las mujeres en general tienen raíces que van más allá de la ley, debido al papel subordinado que comúnmente juegan las mujeres a lo interno de las organizaciones y comunidades que inician el proceso de gestión, así como por el carácter patriarcal del Estado que históricamente desde el origen del patriarcado y la propiedad privada. Las mujeres no han sido consideradas propietarias; las herencias se han asignado a los hijos varones, y aunque han habido excepciones, los usos y costumbres han perpetuado esa idea; al igual que las leyes.

Ante esta realidad de las mujeres hacemos un llamado

Al Estado de Guatemala a que procure:

  • Garantizar el acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad para niñas y mujeres a nivel primario, básico y diversificado, asimismo la educación sexual y reproductiva.
  • Garantizar el derecho a la salud de las mujeres y al acceso a un trabajo remunerado sin discriminación.
  • Garantizar el derecho de las mujeres al acceso a suelo, a subsidios estatales para vivienda adecuada y saludable, asimismo la diversificación de programas para la producción de vivienda con pertinencia cultural en las áreas urbanas y rurales.

Movimiento de Trabajadores Campesinos, Guatemala, 08 de marzo de 2020 

Nos queremos viva, libres y si miedo, ni una menos


[1] Nótese estado con minúscula ya que no cumplió con su deber de resguardar la seguridad y restituir los derechos de niñez y adolescencia.